domingo, 30 de agosto de 2009
Consecuencias del Neoliberalismo...
De no hacerse lo correcto y a tiempo, el descontento social comenzará a manifestarse de formas no muy sanas para la sociedad...
Que ahora no me salgan con que nadie les dijo...desde el Fobaproa se viene anunciando el deterioro de la economía y de la vida pública, y que se requería de un cambio que ni el PAN ni el PRI pueden garantizar, espero que ahora sí les sirva de lección para las próximas elecciones...
La Jornada
El Despertar
El estallido que viene
José Agustín Ortiz Pinchetti
Un fantasma recorre la República: la amenaza de un conflicto social. Hasta hace poco esto parecía remoto. Hoy se vuelve probable, aunque, por fortuna, no inevitable. La hipótesis del estallido se sustenta en hechos económicos: una caída sin precedente, por lo menos a 9 por ciento del PIB, acompañada por la pérdida de 900 mil empleos y la caída a la pobreza de 10 millones de personas. Los jóvenes no pueden acceder a la educación por el recorte de los presupuestos ni encontrar trabajo aquí o en Estados Unidos. Su salida es incorporarse al crimen organizado o rebelarse.
Al deterioro económico se suma el político. Esta combinación es fatídica. Ante el desastre económico tendrían que abrirse las válvulas de escape del cambio político, como hizo Ernesto Zedillo en 1995. Si no se canaliza la inconformidad, los costos sociales se convertirán en un reclamo de cambio al que no pueden responder las instituciones también dañadas. El experimento democrático ha naufragado.
Calderón no tiene recursos, inteligencia ni oficio para ofrecer una salida política a esta crisis. Está atrapado entre los grandes sindicatos corruptos del pasado y el pequeño grupo de potentados que lo llevaron al poder y que no quieren renunciar a sus privilegios.
Podríamos temer que en 2010, o antes, los grupos armados que existen en las montañas del país lanzaran ataques secundados por parte importante de la población agraviada. Quizás se asociaran con las redes del narco que los utilizarían dándoles a cambio información, armas sofisticadas y dinero. Podría haber estallidos aislados, asaltos a los supermercados o a transportes con alimentos. También una insurrección urbana que pudiera bloquear carreteras y aeropuertos, en una especie de huelga general, hasta desquiciar el país. El estallido puede desencadenarse con un crimen, un error contumaz o muchos abusos provocadores. Por ejemplo, lo que están haciendo el PRI y el PAN en Iztapalapa para robarle el triunfo a Andrés Manuel.
¿Se podría conjurar el estallido? Sí, con un nuevo acuerdo entre los factores políticos. De ahí se derivará a un nuevo proyecto de nación. Pero, ¿cómo confiar en la derecha que no cumple sus ofertas ni negocia con honestidad? La derecha quiere la restauración de lo peor del PRI, con Salinas a la cabeza, porque considera agotada la opción panista. La única opción está en la organización popular que articule y dé cauce a la inconformidad y la exprese en términos pacíficos electorales. En ese sentido, la nación tiene una enorme deuda con el obradorismo. Es la única fuerza capaz de prevenir y desactivar el estallido que viene.
jaorpin@yahoo.com.mx
jueves, 27 de agosto de 2009
Esto también es corrupción...
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó que en el primer año del gobierno de Felipe Calderón los grandes consorcios (empresas dedicadas a servicios, construcción y alimentos) no pagaron 43 mil 864 millones de pesos por obligaciones fiscales, resultado de 736 revisiones aplicadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El documento Áreas de opacidad y riesgo en el Estado federal mexicano señala que ese año los recursos públicos desviados a fideicomisos, fondos y contratos análogos ascendieron a 327 mil millones de pesos, cuyo destino y uso se desconoce.
Producto de las auditorías aplicadas por la ASF, el documento concluye que resulta necesario dotar de mayores facultades recaudatorias a estados y municipios, ampliar el padrón de contribuyentes, combatir decididamente la evasión y la elusión fiscal, eliminar el sector informal de la economía y el contrabando, simplificar y mejorar la progresividad del marco regulatorio impositivo, otorgar certidumbre jurídica al contribuyente, establecer una política fiscal de largo plazo que propicie certeza a las inversiones, y mejorar la recuperación de las obligaciones fiscales mediante juicios
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En 2007 el SAT realizó 5 mil 968 actos de fiscalización a grandes contribuyentes, cifra 37.5 por ciento menor (equivalente a 3 mil 576) que los 9 mil 544 programados. Así, 5 mil 232 actos no fueron eficaces al no tener impacto económico. El resto, 736 actos, tuvieron impacto económico por 64 mil 414 millones de pesos; de esa cifra, 68.1 por ciento, equivalente a 43 mil 864 millones, no se cobró, lo que denota deficiencias en la recaudación secundaria derivadas de los actos de fiscalización.
Al cierre de 2007, el volumen de fideicomisos disminuyó a 341. No obstante, concluye, persiste alto grado de opacidad y se continúan manejando importantes disponibilidades de recursos públicos, que ascendían ese año a 327 mil 74 millones de pesos
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El auditor Arturo González de Aragón refiere en el estudio que la discrecionalidad se observa de manera reiterada en muchos sectores de la administración pública sobre el manejo de los recursos, lo cual propicia corrupción, ineficiencias y alto grado de opacidad.
Un ejemplo se encuentra en los resultados de las revisiones de la ASF a los recursos fiscales excedentes, de los cuales, en 2004, se obtuvieron 46 mil 595 millones de pesos, habiéndose destinado 11 mil 649 millones (25 por ciento) a mejorar el balance presupuestario, sin que la Secretaría de Hacienda contara con registros de su aplicación que permitieran evaluar su adecuado manejo
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Agrega que el artículo 21, fracción I, inciso j, del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005, otorgó facultades a la SHCP para realizar descuentos a los ingresos excedentes, los cuales correspondieron, entre otros, al incremento del costo financiero de la deuda de Pemex, de 6 mil 170 millones de pesos; al mayor costo de combustible de la Comisión Federal de Electricidad, por 7 mil 91 millones, y a los menores ingresos de Luz y Fuerza del Centro, por 639 millones de pesos, no existiendo documentación que acreditara las transferencias a dichas entidades
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Ah, les valió madres!, qué poca...
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y magistrados electorales del Poder Judicial de la Federación (PJF), quienes perciben al mes más de 340 mil pesos, entre salario y prestaciones, casi igual a lo que recibe el presidente de Estados Unidos, Barack Obama (32 mil dólares mensuales), seguirán ganando lo mismo en lo que resta de este año, pese a la entrada en vigor, el pasado martes, de la reforma constitucional que adiciona a la Carta Magna la denominada ley de salarios máximos, misma que ordena que ningún funcionario deberá ganar más que el Presidente de México.
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